Las víctimas de violencia de género han crecido en España en los últimos años, superando las 150.000. Durante los seis primeros meses de 2018, el número de denuncias ha ascendido hasta las 81.663, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Con el objetivo de erradicar esta violencia y prestar apoyo a las víctimas, el ordenamiento jurídico español regula una serie de derechos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y garantizar su desarrollo tanto personal como laboral.

En este post te contamos cuáles son los derechos laborales de estas trabajadoras.

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Los derechos laborales, prestaciones a la Seguridad Social y las ayudas sociales de las mujeres que han sufrido violencia de género están regulados por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conocida como Ley Integral.

Para acceder a estas medidas, las víctimas de violencia de género deben acreditar su situación, mediante alguno de los puntos establecidos en el artículo 23 de dicha legislación:

  • Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima.
  • Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
  • Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.
  • Cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

Derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género

A continuación, enumeramos los derechos laborales de los que disponen estas trabajadoras en nuestro país:

  • Derecho a la reducción de la jornada o a la reordenación del tiempo de trabajo

Las trabajadoras tienen derecho a reducir la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario, o a la reordenación  del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas que se utilicen en la empresa.

  • Justificación de las faltas de asistencia o de puntualidad

En caso de que una empleada llegue tarde a su trabajo o se ausente debido a su situación física o psicológica, derivada de la violencia de género, se considerará como justificado, siempre que lo acrediten los servicios sociales de atención o servicios de salud. Dichas ausencias serán comunicadas a la empresa por la trabajadora con la mayor brevedad posible. Por tanto, no se la podrá despedir por causas disciplinarias.

  • Derecho a cambio de centro de trabajo

La víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde trabajaba para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tiene derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros.

Por su parte, la empresa está obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tiene la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

Para apoyar económicamente a la empleada, existen una serie de subvenciones para cubrir los gastos de desplazamiento de la trabajadora y familiares; los gastos de transporte de mobiliario y enseres; los gastos de alojamiento, incluyendo los de alquiler o adquisición de vivienda, durante los 12 primeros meses, y los gastos de guardería y de atención a personas dependientes.

  • Derecho a excedencia laboral con reserva del puesto de trabajo

A diferencia de otras excedencias laborales, la trabajadora que suspenda el contrato de trabajo por ser víctima de violencia tiene derecho a prestación por desempleo, siempre y cuando haya cotizado lo suficiente, y a la reserva de su puesto de trabajo, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

El periodo de excedencia tiene una duración inicial que no podrá superar los seis meses, salvo que un juez prorrogue la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de 18 meses.

 

Además, por otra parte, con independencia del poder adquisitivo de la trabajadora, siempre tendrá derecho de asistencia jurídica gratuita para todos aquellos procedimientos que tenga algún tipo de vinculación con su condición de víctimas.

 

Si eres víctima de violencia de género, y tienes alguna duda sobre tus derechos laborales, contacta con nosotros sin compromiso. En López Carbonell Abogados somos especialistas en Derecho Laboral.

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